Juzgan por maltrato animal a un vecino de Callosa (Alicante) que mató a un gato y le prendió fuego

Una particular y una protectora de animales que ejerce la acusación popular piden nueve meses de prisión, una inhabilitación especial y 4.000 € de multa.

La lucha de una activista por los derechos de los animales llegará ante un tribunal después de tres años de espera. Un juzgado de La Vila Joiosa juzgará hoy a un hombre que está acusado de un presunto delito de maltrato animal, después de que una mujer le denunciara tras presenciar cómo supuestamente mataba a un gato que tenía dentro de una trampa y después le prendía fuego en una finca de Callosa d'en Sarrià. 

Los hechos, según explicó ayer la denunciante, María Luisa Muñoz, se remontan a abril del año 2009, cuando la mujer presenció cómo el denunciado acabó presuntamente con la vida de este felino disparándole y prendiéndole fuego, tal y como recordó ayer. Tras ser testigo de los hechos, la mujer interpuso una denuncia por un supuesto delito de maltrato animal, recogido en el artículo 337 del Código Penal y que, en el momento en que ocurrió lo relatado, todavía recogía como agravantes el ensañamiento y la alevosía a la hora de infligir el maltrato.

Pese a la dificultad legal de que estos actos acaben siendo juzgados y no queden como una simple falta, como varios expertos confirmaron ayer que ocurre en la mayoría de los casos, el empeño de la denunciante y el apoyo de varias asociaciones de animales ha logrado que el Juzgado de Instrucción número 1 de La Vila Joiosa juzgue hoy este caso como un presunto delito. 

No en vano, las cuentes consultadas destacaron que el de hoy se enmarca dentro de los "cinco primeros juicios" que se producen en la provincia de Alicante por estos hechos, que hasta el año 2004 estaban tipificados como una falta y que, debido a que normalmente se producen dentro del ámbito familiar, "es muy difícil que salgan a la luz pública", como indicó Raúl Mérida, de la protectora de Alicante. 

En la causa, además de la Fiscalía, estará personada la propia denunciante como acusación particular y la asociación protectora Asoka, de San Vicente del Raspeig, en calidad de acusación popular. En los dos últimos casos, piden para el acusado una pena de nueve meses de prisión, una inhabilitación especial de dos años y tres meses para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, más cuatro mil euros de multa: 3.000 que reclama Asoka para invertirlos en las instalaciones donde acogen a animales abandonados y otros 1.000 que solicita la denunciante, y que, en el caso de que hubiera sentencia condenatoria, donaría a una protectora de La Nucía, como afirmó ayer María Luisa Martín. 

Fuente: Información.es